En este océano revuelto, con grandes tiburones campando a sus anchas y peces pequeños intentando sobrevivir no podían faltar… Si, los bancos.

Y vienen para ayudar a la Pyme, al emprendedor y al autónomo con una propuesta  fascinante llamada Confirming. Yo creo que es un invento español. No pretendo explicar el funcionamiento pues seguro que todos lo conocéis Sólo quiero señalar lo que hacen muchas empresas a través de este sistema de cobro: dan la orden de pagar a 400 días y también dan la posibilidad de pagar a 60 días, siempre y cuando el proveedor se haga cargo del coste financiero de la operación.

El Confirming se ha convertido en una práctica habitual entre las grandes empresas, en un contexto financiero en el que los tipos de interés están en cero y en el que las grandes compañías no deberían tener problemas de liquidez para poder pagar sus facturas en plazo.

Sin embargo, en el entorno actual, el Confirming se ha convertido en la casi la única opción para que Pymes y autónomos podamos cobrar en un plazo razonable, aun a costa de asumir los gastos de esta propuesta. Hay que reconocer que los bancos si han sabido aprovecharse de esta situación.

Sin embargo, la administración pública no utiliza esta alternativa. Para hacer frente a los pagos a proveedores y liberar el inmenso montón de facturas que habita en los innumerables cajones, bandejas y demás elementos de descanso, se han inventado una serie de “mecanismos de financiación para el pago a los proveedores”.

Básicamente se trata de una línea de crédito creada por el gobierno en el año 2012 dentro del contexto de la crisis económica. Está concebida para que el Estado preste dinero a las Entidades Locales, ya sean comunidades autónomas o ayuntamientos.

Este préstamo es a interés 0. Y aun así, el periodo medio de pago global de las CC. AA. alcanzó los 62 días (El Mundo 26-01-2016), en lugar de los 30 días que es lo que establece la ley. ¿Qué os parece? Ya quisiera yo tener ese músculo financiero: cash a coste 0 y libertad para saltarme la ley cuando lo precise.

Porque, ¿Qué pasa si se incumple la ley contra la morosidad? Efectivamente, no pasa nada.

La Ley contempla la posibilidad de reclamar intereses de demora e indemnizaciones por los costes de cobro a los que se tuviera que hacer frente. Sin embargo en la gran mayoría de los casos no se solicitan por temor a que el cobro se retrase todavía más.

Está claro que la ley se incumple. Por eso, en 2014 el gobierno amplió la legislación en el Sector público: Las Administraciones que no cumplan con los periodos legales podrán ver intervenida su cuota correspondiente al sistema de financiación autonómica y local. Es decir, el Ejecutivo pagará las facturas y deudas de aquellas comunidades y ayuntamientos que no puedan cumplir con la ley, pero se lo descontará de su financiación. ¿Ha funcionado? Yo creo que no…

Y, ¿Qué pasa en otros países de nuestro entorno? En Bélgica la ley establece un máximo de 60 días para el pago de las facturas, pero esos plazos se pueden alargar otros 60 días más “para verificar la conformidad de los bienes y los servicios”.

Dinamarca es el ejemplo a seguir en cuanto a pagos por parte del sector público: el plazo es de 30 días y es improrrogable. Pero en el ámbito privado “algunas empresas imponen hasta 93 días”.

La situación no es muy diferente en otros países, como Francia, Alemania o Reino Unido. El problema está en la directiva europea, que fija un plazo de 60 días, pero con la posibilidad de alargarlo si hay acuerdo entre las partes. Y aquí volvemos a la “libertad” contractual entre PYMES y grandes empresas.

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Así que viendo este panorama, la mejor alternativa (o casi la única) es aplicar una serie de medidas para evitar, en la medida de lo posible, los impagos, o al menos, intentar minimizar su impacto.

Medidas Preventivas (antes del vencimiento):

–         Indicar correctamente todos los datos necesarios en la factura: pedido del cliente, descripción del producto/servicio, condiciones de pago, nr. de cuenta, vencimiento, etc.

–         Acompañar la factura con el correspondiente documento justificativo de la prestación: albarán de entrega, acta de aceptación, acta de recepción, etc.

–         Intentar acordar entre las partes un proceso de “conciliación de facturas y pagos”, de forma que se clarifiquen en el mismo las discrepancias que pueda haber.

–         Una semana antes del vencimiento del pago, enviar un “recordatorio amable” a nuestro cliente de que el pago está próximo.

Medidas Correctivas (después del vencimiento):

–         Llamar al cliente para clarificar la razón del impago y acordar una nueva fecha de vencimiento.

–         Enviar una carta certificada o burofax con acuse de recibo, referenciando la factura impagada e informando de que se emprenderán las acciones legales oportunas de persistir el impago.

–         Interponer un proceso monitorio. Se trata de un proceso en el que no es obligatoria la intervención de un abogado o procurador (aunque si es aconsejable).

Hay que expresar el origen y cuantía de la deuda y adjuntar los documentos que acrediten la misma. Una vez admitida por el juzgado, el secretario judicial requerirá al deudor que pague la deuda en el plazo de 20 días.

Aquí el deudor ya tiene que manifestarse, oponiéndose (y justificando la razón de esa negativa) o pagando. Si no hubiese respuesta alguna, el acreedor puede iniciar la ejecución de la deuda mediante el embargo de bienes, cuentas, etc.

Como conclusión, aparte de la ley y de las medidas que puedas tomar, con el tiempo se va desarrollando un sexto sentido que te permite detectar en muchos casos quienes acabarán siendo clientes problemáticos. Y en ese momento, hay que decir NO. Decir SI a todo no es una buena idea.

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